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El país 23/12/2015

Una asistente a un discurso del primer ministro británico, David Cameron, lo fotografía con una tableta, el pasado 27 de abril. / peter macdiarmid (getty)

Las tecnológicas intentan frenar la ley británica de vigilancia digital
PABLO GUIMÓN, Londres Las empresas tecnológicas han irrumpido con fuerza en el debate sobre la conveniencia o no de que los Gobiernos tengan mayor poder para acceder a comunicaciones digitales
privadas. El Parlamento británico tramita un proyecto de ley que pretende facilitar a la policía acceso a los registros del uso de Internet de los ciudadanos sin orden judicial, lo que el Gobierno cree esencial para combatir el crimen y el terrorismo. Apple remitió un documento a los legisladores britanicos en el que advierte de que la ley, si prospera, “comprometería la seguridad de los datos personales de millones de ciudadanos honrados”.

La empresa más valiosa del mundo entiende que la ley le obligaría a hachear sus propios productos y sentaría un peligroso precedente con potencial de generar “graves conflictos internacionales”, en un contexto en el que países de todo el mundo debaten cómo adaptar sus servicios de inteligencia a la era digital. Otros gigantes del sector, como Microsoft, Facebook, Google, Twitter o Yahoo, según la BBC, también han remitido sus objeciones al Parlamento. La ofensiva de Silicon Valley supone un intento de recuperar la confianza de sus usuarios, dañada tras las revelaciones de Edward Snowden, extrabajador de la agencia nacional de seguridad estadounidense (NSA), que reveló que los servicios estadounidenses y británicos accedían a la información interna de estas compañías.

“Sería un error rebajar la seguridad de cientos de millones de clientes que respetan la ley con el objetivo de rebajarla para aquellos pocos que suponen una amenaza”, sostiene Apple. En este entorno de ciberamenazas que evoluciona a gran rapidez, las empresas deben seguir siendo libres de implementar fuertes encriptaciones que protejan a sus clientes”.

El proyecto de ley británico, presentado en noviembre, contempla otorgar a la policía y a los servicios de inteligencia acceso a los registros del uso de Internet de todos los británicos sin necesidad de orden judicial.

Inspectores judiciales
En caso de que además quisieran acceder al contenido de dichas comunicaciones, sería preceptiva la autorización del Ministerio del Interior y de un panel de inspectores judiciales de nueva creación. Apple diseña algunos de sus productos utilizando una técnica de encriptación mediante la cual solo el emisor y el receptor del mensaje lo pueden leer desencriptado. Dice que ya proporciona datos sobre las comunicaciones cuando se lo piden, pero no su contenido. La legislación actual pide a las empresas que den los pasos razonables para proporcionar los contenidos de las comunicaciones si se solicitan mediante orden judicial, pero no les exige que diseñen sus sistemas para posibilitarlo. “Crear puertas traseras debilitaría la protección y pondría en peligro a todo el mundo”, dice Apple. “Una llave bajo el felpudo no estaría allí solo para los buenos. Los malos también podrían encontrarla”.

Profesores para controlar la radicalización
El Gobierno británico ha anunciado que endurecerá las obligaciones de los colegios en la prevención y detección de la radicalización online de los alumnos. La medida responde a informes que revelan que jóvenes que han viajado o tratado de viajar a Siria, con el objetivo de unirse al Estado Islámico, han sido adoctrinados a través de los ordenadores de las aulas. Los responsables de las escuelas deberán poner en marcha filtros que detecten la búsqueda de determinadas palabras, para controlar el uso de Internet desde los ordenadores escolares. El Ministerio de Educación publicará además dos guías, una para padres y otra para redes sociales, para garantizar la seguridad de los menores en Internet.

Apple también cuestiona el alcance internacional pretendido por una ley de ámbito nacional. El borrador sostiene que las compañías deberán atender a sus peticiones de información independientemente de dónde esté su sede y en qué país se encuentren los datos solicitados. “Esto podría ser el catalizador para que otros países aprueben legislaciones similares, paralizando a las multinacionales bajo el peso de lo que podrían ser docenas o centenares de leyes nacionales contradictorias”, advierte Apple.

Las firmas estadounidenses se resisten, argumentando que, si acataran esa ley británica, otros Estados exigirían lo mismo. Advierten de que países como China y Rusia, que han expresado sus deseos de endurecer sus regímenes de vigilancia en Internet, no permanecerán inmóviles si Reino Unido aprueba la norma.

La comisión parlamentaria que procesa las opiniones de expertos sobre el proyecto de ley ha confirmado que ha recibido el documento de Apple, pero aún no ha publicado su contenido íntegro, del que sí se han hecho eco los principales medios británicos.