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Compliance

A partir de la entrada en vigor en julio de 2015 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se introducen en el ordenamiento jurídico español una serie de cambios que comportan, entre otros, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que la mencionada Ley añade al Código Penal el artículo 31 bis que establece «1. En los supuestos que prevé este Código, las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de éstas, y en beneficio suyo, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas también son penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de estas, por quien, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos porque no se ha ejercido sobre ellos el debido control atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

Este debido control es el que hoy en día llamamos Corporate Compliance, el sistema por el que las personas jurídicas analizan sus riesgos y establecen los mecanismos de control necesarios para que ningún empleado o persona que se relaciona pueda cometer delitos en nombre de ellas o en su seno.

Las penas que se pueden aplicar a las personas jurídicas quedan establecidas en el articulo 33.7 del Código Penal:

  1. Multa económica.
  2. Disolución de la persona jurídica.
  3. Suspensión de las actividades de la persona jurídica por un plazo máximo de cinc años.
  4. Clausura de los locales y establecimientos de la persona jurídica por plazo máximo de cinco años.
  5. Prohibición de desarrollar en el futuro las actividades en el ejercicio de les que se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición puede ser temporal o definitiva.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Esta inhabilitación no puede exceder de los 15 años.
  7. Intervención judicial, per un máximo de cinco años, en favor de los acreedores o de los trabajadores.

 No todas las empresas tienen claro que, en tanto que entidad jurídica, han de establecer los mecanismos que permiten ejercer un control eficaz y preventivo. Si así se hace, quedará exenta de responsabilidad penal, tanto si el delito lo han cometido personas con  responsabilidad en la empresa, administradores, o si lo cometen trabajadores, siempre y cuando, el modelo de control esté establecido con anterioridad a la comisión del delito.

Este modelo debe contener, de manera general, las directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar el sistema de control; recomendaciones sobre lo que se debería controlar; la política de cumplimento; formación para los trabajadores, socios y administradores de la empresa y sistemas de control que se integren en el día a día de las tareas de los trabajadores, socios i administradores.

Este cambio legislativo y sus consecuencias no son conocidos por las pymes, sí por las grandes empresas que ya empiezan a implantar un sistema de cumplimiento normativo (Compliance lo llamamos, cogiendo el nombre y la tradición anglosajona).

Se ha generalizado la llamada a las empresas para que implanten un sistema de Compliance, y efectivamente lo tendrán que hacer, pero la legislación hace referencia a personas jurídicas y éstas no sólo tienen forma de empresa, si no que pueden ser clubs, federaciones y otro tipo de entidades las que resulten afectadas por los delitos cometidos por las personas que los representan y/o trabajan en ellos.

Hay infinidad de clubes, empresas, fundaciones y asociaciones con riesgos de los que el Código Penal detecta como delitos que pueden cometer las personas jurídicas, por este motivo es urgente que se inicie un proceso de divulgación y formación para que en breve todos los actores de este sector tengan la seguridad jurídica de que sus actividades estarán protegidas y las personas responsables también.

La fiscalía ha dejado claro en su circular 1/2016 que no servirá un programa estándar si no que sólo quedará exonerada de responsabilidad aquella organización que implante un sistema especialmente pensado para ella, hecho que demuestra que se ha tomado en serio la prevención de la comisión de delitos en su seno o con sus medios.

Entre los delitos que se pueden cometer en el ámbito empresarial destacan:

  1. Delitos contra la intimidad y injerencia informática (art. 197).
  2. Estafas (art. 251bis)
  3. Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (art. 261bis)
  4. Daños informáticos y hacking ( art. 264)
  5. Delitos contra la propiedad industrial y intelectual (art. 288)
  6. Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288):
  • o   Descubrimiento y  revelación de secretos (arts. 271 a 280).
  • o   Desabastecimiento de materias primeras (art. 282).
  • o   Publicidad engañosa (art. 282).
  • o   Fraude de inversores i de crédito (art. 282 bis).
  • o   Facturación fraudulenta (art. 283).
  • o   Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284)
  • o   Abuso de información privilegiada (arts. 284 i 285).
  • o   Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión (art. 286).
  • o   Corrupción entre particulares y deportiva (art. 286 bis).
  • o   Blanqueo de capitales (art. 302).
  • o   Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
  • o   Delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros (art. 318 bis)
  • o   Delitos sobre la ordenación del territorio (art. 319).
  • o   Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 327 i 328).
  • o   Delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones ionizantes (art. 343).
  • o   Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348).
  • o   Cohecho (art. 427)
  • o   Tráfico de influencias (art. 430).
  • o   Corrupción de funcionario extranjero (art. 445).

No todas las empresas incurren en el riesgo de cometer todos y cada un de estos delitos, pero sí, dependiendo del sector, cada empresa tiene unos riesgos. El sector deportivo también. La detección de los riesgos la hará mejor un jurista que conozca el sector deportivo. Los responsables de la entidad sin formación jurídica no podrán valorar bien el alcance de los riesgos y un jurista externo al sector no conocerá las eventualidades que lo caracterizan, pudiendo dejar fuera alguno.

El deporte es un campo en el que imperan unos valores; la honestidad, el juego limpio y el esfuerzo, son algunos. Por este motivo es importante que el sector inicie las acciones necesarias para llevar a cabo los procesos adecuados para protegerlo de cualquier incumplimiento que pueda perjudicar el buen nombre de les empresas y entidades deportivas que llevan años trabajando en la formación de personas con valores y que aportan a la sociedad grandes y emocionantes momentos que nos hacen sentir mejores a todos.

El cumplimiento de la legalidad por parte de una entidad jurídica no se circunscribe sólo al marco penal, si no que incluye otros ámbitos del derecho, fiscal, tecnológico, etc. Por este motivo un buen programa de Compliance los recogerá todos de manera que cada entidad formalice y difunda entre sus miembros su compromiso con la legalidad y la transparencia.